Human Rights Watch:

"El principal grupo guerrillero de Colombia debe abandonar sus ataques con bombas de cilindros de gas contra civiles", dijo human Rights Watch.

Recurriendo al empleo de cilindros de gas armas no convencionales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han asesinado y herido a numerosas personas civiles de forma indiscriminada y han destruido viviendas, escuelas e iglesias.

"Las FARC-EP son responsables por atrocidades sistemáticas contra civiles," afirmó José Miguel Vivanco director ejecutivo de Human Rights Watch. "Las FARC-EP tienen que abandonar el uso de bombas de cilindros de gas inmediatamente por que su uso constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario.".

Los cilindros de gas son armas indiscriminadas, no convencionales; es imposible apuntar con precisión estos artefactos y por lo tanto es facil que estos impacten en objetivos civiles y provoquen la muerte de civiles en muchos casos victimas evitables. El Derecho Internacional Humanitario prohíbe los ataques contra civiles y objetivos civiles. El empleo de un cilindro de gas en un área civil constituye una violación de la prohibición de los ataques indiscriminados prevista en el derecho internacional humanitario. Se esta reconociendo internacionalmente cada vez más que los ataques directos o indiscriminados contra civiles durante un conflicto armado interno se constituyen crímenes de guerra.

HRW, recordó que el uso de armas indiscriminadas viola uno de los principios más básicos del derecho de la guerra, que exige hacer una distinción entre combatiente y no combatiente, y entre objetivos militares y propiedades o lugares protegidos.

Igualmente documentó el uso de cilindros de gas por parte de las FARC en por lo menos veintisiete ataques perpetrados desde julio del 2001, sin incluir el reciente ataque Bojayá, Choco. Durante estos ataques han muerto innumerables civiles y resultaron heridos otros cuarenta y cinco, entre ellos diez niños. Estos artefactos han causado innumerables daños a escuelas, iglesias, viviendas y lugares de trabajo de civiles en Colombia.

Calificó el ataque contra la población de Bojayá como un crimen de guerra que debe ser condenado por la comunidad internacional y juzgado por las instancias correspondientes. Insto nuevamente al responsable de las FARC Manuel Marulanda Vélez, a cesar los ataques contra la población civil.