15 Mayo 2002
El defensor del pueblo y el delegado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas indican que el número de civiles muertos es de 117.
Emergencia humanitaria en Bojayá Chocó

Bellavista Bojayá vive desde el pasado 1 de mayo una verdadera emergencia humanitaria, escenario del genocidio de 117 civiles que se refugiaban en la capilla del municipio, derribada por un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC, según testimonio del cura párroco y moradores del municipio. La masacre de Bojayá se constituye en el hecho más grave de cuantos han ocurrido por acción de los grupos insurgentes en contra de la población civil.

Esta acción se constituye sin lugar a dudas en una evidente infracción al Derecho Internacional Humanitario, DIH, toda vez que el desproporcionado ataque, que dejó un elevado número de víctimas, no respetó el uso y las reglas de la guerra aceptadas en el protocolo II de Ginebra.

Según el director de la Pastoral Social de la diócesis de Quibdó, Alberto Parra, "las 117 víctimas del ataque de las FARC a la parroquia de Bojayá que van contabilizadas hasta el momento debieron ser enterradas de urgencia en una fosa común, sin verificar sus identidades, ni respetando las normas de sanidad básicas utilizadas en estos casos, dado lo apremiante de la situación.".

Con heridas abiertas e infectadas debieron ser enviados de urgencias a hospitales de Quibdó y Medellín niños y niñas víctimas de la explosión del

"cilindro bomba", entre los trasladados se encuentran menores entre los 5 y 17 años, todos ellos víctimas de una guerra cruel e inhumana. Médicos consultados indican que si bien las heridas son difíciles de curar por el grado de infección, más difícil será la recuperación sicológica. Las heridas sicológicas producto de la guerra exigirán tratamiento médico especializado durante los primeros 30 días como mínimo.

La tristeza, la desolación y la preocupación se han apoderado de los habitantes de Bojayá y Vigía del Fuerte, pueblos ribereños ubicados ambos sobre las márgenes del río Atrato. Muchas familias han preferido desplazarse hacia Quibdó capital del departamento del Chocó, buscando protección y abrigo. Guerrilleros de las FARC aun hacen presencia en los caseríos de San martín, San Miguel, Puerto Conto y La Playa Murri, de este sitio también se han comenzado a desplazar decenas de personas.

Al malecón en Quibdo están llegando a diario personas desplazadas por temor a ser objetivo de las armas de los insurgentes. Aun-que a la zona ya se han desplegado efectivos del ejército, los campesinos no prefieren correr riesgos. Un ataque similar de las FARC a Vigía del Fuerte en el 2000 dejó siete civiles y una veintena de uniformados muertos.

En una enérgica carta, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, instó a las FARC a detener de inmediato el uso y empleo de los cilindros de gas como armas de combate, según hrw, este artesanal elemento lejos de afectar al

contrario está causando un número elevado de víctimas dentro de la población civil. Estas armas dice la carta, "han lesionado y matado a numerosos civiles en Colombia, lo que constituye una grave violación al DIH". La carta concluye indicando que las FARC han empleado estos artefactos en 27 ataques contra poblaciones colombianas.

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